Caso $LIBRA: sobreseídos Javier Milei y otros diez investigados por el criptoactivo
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Entidades financieras advertidas
El juez considera insuficientes las pruebas para sostener las acusaciones por el lanzamiento y desplome del token
El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi ha sobreseído a Javier Milei, Karina Milei y otras nueve personas en la causa penal abierta por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. La resolución concluye que no se acreditaron los elementos necesarios para sostener los delitos investigados.
El expediente examinaba posibles responsabilidades por estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado consideró que la difusión del activo por parte del presidente aumentó su visibilidad, pero no constituyó por sí sola un engaño penalmente relevante ni permitió establecer una relación causal con las pérdidas de los inversores.
El lanzamiento y el desplome de $LIBRA
Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje sobre $LIBRA en febrero de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del token. Presentó el proyecto como una iniciativa privada destinada a impulsar la economía argentina mediante financiación para pequeñas empresas y emprendimientos. El interés, el volumen de negociación y el precio aumentaron con rapidez.
Pocas horas después, varias carteras retiraron fondos del mercado y la cotización cayó de forma abrupta. Análisis citados durante el caso situaron en unos 99 millones de dólares los criptoactivos retirados por ocho billeteras vinculadas al creador del token. Las pérdidas habrían afectado a unos 40.000 inversores, mientras que las ganancias quedaron concentradas en un grupo reducido.
Milei eliminó posteriormente el mensaje y afirmó que había actuado de buena fe. Declaró que desconocía los detalles del proyecto y que dejó de difundirlo cuando obtuvo más información. El colapso generó denuncias penales y abrió una investigación sobre los vínculos entre los promotores del activo y funcionarios argentinos.
La cámara argentina de tecnología financiera señaló entonces que los hechos podían responder a un rug pull, una maniobra en la que los desarrolladores atraen compradores, elevan el valor del activo y venden sus posiciones, provocando una caída. Esa calificación inicial debía probarse en el procedimiento penal y no fue aceptada por el juez como base suficiente para continuar la causa.
Los argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi
La resolución reconoce que la posición institucional de Milei otorgó al lanzamiento una repercusión especial. Sin embargo, sostiene que la notoriedad del promotor, la atención pública y la confianza generada no equivalen por sí mismas a un ardid defraudatorio.
Martínez de Giorgi afirmó que no se identificaron actos o decisiones ilegales del presidente relacionados con la difusión. También consideró que la caída del precio y la distribución final de las ganancias y pérdidas no demostraban qué falsedades concretas habrían inducido a los compradores a operar.
El juez descartó una relación causal suficientemente acreditada entre una posible maniobra fraudulenta y el perjuicio de los inversores. Con ese razonamiento, entendió que los hechos denunciados no encajaban en las figuras penales examinadas y dictó el sobreseimiento.
Respecto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la resolución señaló que no se probó que hubiera pedido o recibido dinero para facilitar reuniones entre el presidente y los desarrolladores. Esos encuentros habían formado parte de las diligencias por los contactos previos al lanzamiento.
Once personas alcanzadas por el sobreseimiento
La decisión beneficia a Javier Milei y Karina Milei, además de Hayden Mark Davis y Julian Peh, vinculados al proyecto. Davis se había presentado como asesor de lanzamiento y reconoció haber controlado cerca de 100 millones de dólares tras el colapso. Ha negado cualquier irregularidad.
También fueron sobreseídos Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; los operadores financieros Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli; María Pía Novelli y Alicia Rafaele; y los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El alcance colectivo de la resolución cierra la investigación penal respecto de esas once personas. La conclusión no declara legítimo el funcionamiento económico del token ni resuelve todas las controversias políticas relacionadas con el proyecto. Establece que la prueba reunida no permite mantener una imputación penal contra los investigados.
El fallo se apoyó en un dictamen fiscal que coincidió en la falta de elementos para continuar. El sobreseimiento se dictó sin que los imputados hubieran prestado declaración indagatoria, una circunstancia que ha centrado parte de las críticas posteriores.
Pruebas descartadas y reacciones al fallo
Los peritajes informáticos localizaron en el teléfono de uno de los acusados un borrador de contrato entre Milei y Davis por cinco millones de dólares. También hallaron un archivo que aludía a una suma destinada al presidente y a su hermana. El juez consideró que esos elementos no acreditaban los delitos investigados.
Antiguos querellantes y dirigentes de la oposición cuestionaron la decisión, la exclusión previa de los damnificados del proceso y la ausencia de declaraciones indagatorias. El presidente celebró el fallo y sostuvo que las acusaciones habían formado parte de una operación política y mediática contra él.
La resolución fue dictada el 23 de octubre de 2026. Con el sobreseimiento, la causa penal queda cerrada para los once investigados mencionados. El caso conserva consecuencias públicas por el número de inversores afectados, la magnitud de las retiradas de liquidez y la intervención del presidente en la promoción inicial.