Un tribunal de Brujas multa a un hombre de Ostende por falsas inversiones en bitcoin
ASOVALIA informa sobre la condena impuesta en Brujas a un hombre de Ostende por recibir 77.000 euros destinados a supuestas inversiones en bitcoin que nunca se realizaron. El procedimiento terminó con una multa de 1.250 euros por fraude.
Tres entregas para operaciones que no se realizaron
Un hombre de 36 años de Ostende, identificado como Boris D., fue condenado por fraude después de recibir dinero para supuestas inversiones en bitcoin que no llegaron a ejecutarse. El Tribunal Penal de Brujas le impuso una multa de 1.250 euros tras un procedimiento de oposición.
Los hechos afectaron a tres personas entre 2020 y 2023. Las cantidades entregadas fueron 40.000, 21.000 y 16.000 euros. En conjunto, los tres pagos suman 77.000 euros. La acusación sostuvo que el dinero debía destinarse a bitcoin, pero que el acusado no realizó ninguna inversión.
La causa se centra en la diferencia entre el destino anunciado y el uso efectivo del capital. Los perjudicados no asumieron únicamente la volatilidad propia de una criptomoneda: entregaron dinero para operaciones concretas que, de acuerdo con lo establecido en el proceso, nunca se llevaron a cabo.
Una primera condena dictada en ausencia
El caso fue examinado inicialmente en abril de 2025. Boris D. no compareció a la vista, aunque una de las víctimas sí estuvo presente como parte civil. Durante el procedimiento se afirmó que el acusado podía haber captado a decenas de personas y cantidades mucho mayores, pero la sentencia trató los hechos acreditados respecto de las tres entregas incluidas en la causa.
El 14 de mayo de 2025 fue condenado en ausencia a 15 meses de prisión, con la mitad de la pena suspendida. También recibió una multa de 2.400 euros y la obligación de pagar 40.000 euros por daños.
La condena en ausencia no cerró definitivamente el proceso. La defensa presentó una oposición, mecanismo que permitió celebrar un nuevo juicio con intervención del acusado. La decisión de octubre de 2026 corresponde a esa revisión y sustituye la pena impuesta en 2025.
La explicación de una aplicación para prever el mercado
La defensa expuso que Boris D. había creado una empresa de consultoría con dos socios. Uno de ellos habría desarrollado una aplicación destinada a predecir movimientos del mercado de criptomonedas. Ese proyecto se presentó como contexto de las captaciones y de la intención declarada de invertir.
El abogado Jonas Van Oyen manifestó que su cliente reconocía haber actuado incorrectamente y pretendía compensar a la parte civil. Solicitó que la respuesta penal quedara suspendida. En su intervención final, el acusado afirmó que existían fondos suficientes para devolver el dinero.
Estas explicaciones fueron examinadas junto a la ausencia de operaciones reales con bitcoin. La existencia alegada de una empresa o de una herramienta de predicción no modificó el hecho central fijado por el tribunal: las cantidades recibidas para invertir no se aplicaron a ese destino.
Una multa de 1.250 euros en el nuevo juicio
El 28 de octubre de 2026, el tribunal impuso una multa de 1.250 euros. La decisión sustituyó la pena de prisión y la multa acordadas en ausencia. Para determinar la nueva sanción se consideró como atenuante que el acusado no tenía condenas anteriores por delitos contra el patrimonio.
La resolución no convierte las entregas en una inversión fallida. La conducta fue tratada como fraude porque no se produjo ninguna de las operaciones prometidas. La suma de 77.000 euros y la duración de los hechos entre 2020 y 2023 delimitan el caso resuelto por el tribunal.
Las afirmaciones sobre otras posibles víctimas no equivalen a condenas dentro de este procedimiento. El fallo conocido se refiere a tres perjudicados y a las cantidades de 40.000, 21.000 y 16.000 euros. La sentencia de octubre cierra la oposición con una sanción económica y mantiene la calificación fraudulenta de la captación realizada bajo la promesa de invertir en bitcoin.
El procedimiento de oposición permitió reabrir una sentencia dictada sin la presencia del condenado. En el nuevo juicio, el tribunal pudo escuchar la explicación de la defensa y las manifestaciones personales de Boris D. Esa revisión modificó de forma sustancial la pena, que pasó de incluir prisión a quedar en una multa de 1.250 euros.
La reducción de la sanción no borró la declaración de fraude. La ausencia de antecedentes patrimoniales se utilizó para moderar la respuesta, junto con las alegaciones sobre disponibilidad de fondos y voluntad de compensación. El resultado distingue entre la gravedad de la conducta acreditada y las circunstancias personales valoradas al imponer la pena.
Las tres cantidades permiten identificar el alcance económico probado sin incorporar estimaciones sobre supuestos afectados ajenos al expediente. Una víctima manifestó en 2025 que podía haber decenas de perjudicados y pérdidas millonarias, pero esas afirmaciones no sustituyen denuncias, pruebas o sentencias. El caso publicado se limita a 77.000 euros y tres personas.
La decisión se produjo más de un año después de la primera condena. Entre mayo de 2025 y octubre de 2026, la oposición mantuvo abierto el desenlace penal hasta que el tribunal dictó la nueva sanción.